Por: Alejandra García.

¿Nos hemos puesto a pensar que va a pasar con los desmovilizados después de firmar el acuerdo de paz? ¿Qué oportunidades laborales podemos ofrecerles a personas que posiblemente solo saben seguir órdenes y cometer actos vandálicos? El agro se perfila como una buena alternativa… ¿O tal vez no?

Con los rumores de un nuevo paro agrario y las esperanzas de firmar el proceso de paz este año, el 2014 se perfila como un año muy importante, si no el más relevante de las últimas décadas. Sin embargo, ad portas de un posible acuerdo de paz la inserción de miles de desmovilizados a la sociedad se vuelve un tema álgido a considerar. Así pues, en esta Colombia tan macondiana donde la realidad muchas veces supera la ficción, es preciso preguntarnos si el agro representa hoy y en un futuro cercano una fuente de empleo y desarrollo para nuestro país en el posconflicto.

Para empezar, normalmente no nos preguntamos de donde viene lo que comemos, sin embargo,  en octubre del año pasado cientos de campesinos salieron a protestar en todo el país por este mismo tema, una cuestión que cada vez se va volviendo más compleja, y en opinión personal, menos relevante en la agenda nacional. Problemas como la falta de tecnología, innovación, sistemas de transporte, infraestructura, mano de obra, y conflicto armado son factores que nos hacen claramente menos competitivos frente otros países en el campo agrícola. Según Wendy Ramírez, directora de la granja de la universidad Minuto de Dios, el panorama para el campo en Colombia no es alentador, incluso con los acuerdos firmados el año pasado entre el Gobierno y los diferentes gremios productores, la situación no ha cambiado. De ahí que haya de nuevo solicitudes de los campesinos como la entrega de subsidios, la ayuda de créditos, o la intervención del Estado para restringir la entrada de ciertos productos.

Ahora bien, para poder responder nuestra pregunta debemos tener presente que el agro fue el primer punto al que lograron llegar a un acuerdo en la mesa de negociación de La Habana en marzo del año pasado. Dentro de este tema, el punto más relevante fue el programa de formalización de tierras.  Según La Silla Vacía[1] Ana María Ibáñez[2] estima que una quinta parte de todos los predios rurales del país tienen problemas de titulación, y uno de cada dos campesinos cultiva en tierra arrendada, lo que dificulta la  inversión o solicitud de préstamos; sin olvidar que esto facilita el robo de predios en todo el país. Así pues, la titulación de tierras es un punto fundamental a la hora de pensar en incentivar el desarrollo en el campo, pues quién va a invertir en una casa que no es propia, o qué banco le presta a alguien que no tiene un activo que soporte su deuda.

Ahora bien, en el caso de que el proceso de paz se lleve a cabo según lo planeado, el gobierno y las FARC han acordado dentro de sus negociaciones la formación de un fondo de tierras para La Paz, que busca entregar predios improductivos o incautados a campesinos y mujeres que no tengan con que trabajar. Esta idea no es nueva,  la repartición de tierras y las ayudas de microcréditos han sido estrategias usadas en el posconflictos no solo para restituir a las víctimas, sino también para ayudar a re insertar a los desmovilizados.

Muestra de ello es el caso de El Salvador, donde después de firmar los Acuerdos de Paz de Chapultepec (acabando con doce años de guerra civil), pusieron en marcha todo un plan de reinserción. El Informe[3] elaborado por la Fundación Ideas para la Paz, describe que los procesos de reintegración a la sociedad requieren voluntad de todos, políticas exigentes, y una eficaz comunicación pública. Así mismo señala que

Un proceso exitoso necesita aportes económicos extraordinarios (…) flexibilidad por parte de las instituciones financieras para otorgar micro-créditos; esfuerzos burocráticos adicionales (…) y la formulación e implementación de políticas públicas en temas sociales y económicos para generar condiciones favorables a la reincorporación y para la reconstrucción integral de las zonas afectadas por la guerra4.

En el caso de El Salvador se tuvo en cuenta un amplio portafolio de opciones económicas que se acomodaron a las habilidades de los desmovilizados, pues no todos los excombatientes lograron crear su microempresa. Por ello, podían tomar alternativas como la educación o el trabajo de tierras que les entregaba el gobierno para su manutención. Cabe aclarar que estas vías alternas al emprendimiento fueron inspiradas en el caso colombiano del M-19, tras su proceso de desmovilización. De acuerdo con ello, es preciso implementar este conocimiento (propio, o ajeno) para tratar de no cometer errores; aprender de la experiencia de otros para evitar el surgimiento de nuevos grupos armados por la falta de oportunidades laborales y rechazo social.